La sensación de ser acusados, otra vez, como los malos de la película



La sensación más profunda y generalizada entre mujeres y varones vinculados a la producción agropecuaria es que, pese a los alimentos esenciales que proveen a la mesa de los argentinos y el dinero aportado en impuestos para que muchos otros tengan un mayor poder adquisitivo, desde el oficialismo político se los trata como los malos de la película.

Hay muchos temas en discusión entre el Gobierno y el amplio colectivo de personas identificados como “el campo”. Pero ese sentir define todas las perspectivas de los ruralistas sobre la realidad personal y del país.

Puede hablarse del precio de la carne o de la soja en Chicago, de las retenciones o de la brecha cambiaria, de los agroquímicos o del uso de la tierra, pero casi sin excepciones los chacareros sienten que quedan en el banquillo de los acusados cuando algunos funcionarios se refieren a cualquier tema relacionado, ya no estrictamente a la producción rural, sino también a las amplias cuestiones alimentarias y medioambientales.

Esta semana hubo al menos dos expresiones en ese sentido del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se suman a periódicas declaraciones de voces oficialistas, en general cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Aquello que cultivamos sin agregar agrotóxicos para hacer una producción alimentaria ambientalmente más valiosa hace también a la salud nuestra”, dijo el Presidente al anunciar la promulgación de la Ley 27.621 sobre Educación Ambiental Integral. Fue el lunes y provocó el primer malestar de la semana entre los ruralistas.

Los ex ministros de Agroindustria, Ricardo Buryaile y Leonardo Sarquis, entre otros, le recordaron a Fernández que los fitosanitarios que se utilizan en la producción rural son regulados y controlados por el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa), un organismo que depende del ministerio de Agricultura de su Gobierno.

Desde la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) celebraron la ley de educación ambiental, pero recordaron con cierta sutileza que promueven las “buenas prácticas agrícolas y el uso responsable”.

Más allá de la lógica preocupación de Fernández por la salud, se le cuestionó la ligereza para cuestionar los sistemas productivos que redunda en mejores rindes, para la mesa de los argentinos y los dólares que utiliza la economía, la estatal y la privada, porque sin las divisas del campo no sólo no se podrían pagar compromisos internacionales y sueldos nacionales, también serían peores los números de la inflación, debido a un mayor descontrol del tipo de cambio.

“Sin la santa soja, este país hubiera volado por el aire”, dijo con crudeza el economista Carlos Melconian. Y hay que entender que más allá de la bendición de los precios internacionales hay gente comprometida con el campo desde tiempo atrás -por generaciones, incluso- y que este mismo año se ocupó de cultivar, invirtiendo a la intemperie. Muchos padecieron la sequía y al final de cuentas, pagados los costos, les quedó mucho menos que lo que recaudó el Estado por esa producción.

Otra frase de Fernández que molestó en el campo fue su alusión a “tierras improductivas”. La respuesta más contundente llegó desde Federación Agraria, que acusó al presidente de “hablar sin saber. Estos dichos de manera desordenada, confusa, sin fundamentos, no hace más que generar incertidumbre jurídica entre los pequeños y medianos productores que estamos luchando para no ser excluidos del sistema productivo, y de nuestro lugar de arraigo a raíz de una política concentradora, de asfixia fiscal, inequitativa”.

Y agregaron: “Estas declaraciones del Presidente generan mayor incertidumbre y malestar entre quienes luchamos día a día para salir adelante con nuestras familias, trabajando por nuestro futuro y por el de todo el país, produciendo los alimentos que nuestro país y el mundo necesita, mientras el gobierno nos da la espalda o nos castiga”.

La duda más inquietante entre los ruralistas es si son deslices discursivos o algo más. Los más pesimistas creen que es una estrategia con fines electorales, para poner al campo como un chivo expiatorio de la inflación que no puede controlar. Lo sorprendente, o no tanto, según una encuesta de Amplificagro, es que esa sensación la tienen dos de cada tres productores agropecuarios.



Fuente